Ecologistas alerta de la instalación de una granja porcina en Brihuega, con 35.000 cabezas

14.09.2016

FUE NOTICIA EN BRIHUEGA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Ecologistas en Acción de Guadalajara ha alertado de un nuevo proyecto de cría intensiva de cerdos en una granja en Brihuega, con 35.000 cabezas, que supondría un alto impacto ambiental que puede amenazar los acuíferos de la zona y espacios protegidos por la Red Natura 2000.

Se trata de la instalación de seis granjas en una gran finca en el municipio de Brihuega, denominada 'El Casar de Montefrío', y que afectaría, al menos, a media docena de pueblos: Brihuega, Romancos, Yélamos de Arriba, Yélamos de Abajo, San Andrés del Rey y Budia.

A su juicio, "provocaría una sobreexplotación de los acuíferos que abastecen a los municipios y los contaminaría por nitratos; además, este tipo de instalaciones desprende fuertes olores y emite contaminantes como metano y el amoniaco a la atmósfera".

Según el estudio de Impacto Ambiental presentado por la promotora de la explotación, ha añadido, la granja necesitaría un consumo de agua de más de 120.000 metros cúbicos al año "lo cual agravaría las graves carencias de abastecimiento que sufren algunos de los municipios próximos".

Toda la zona afectada está incluida en la Orden de la Consejería de Agricultura de 10-02-2003, que la declara zona vulnerable por nitratos, mientras que la explotación generaría 258 toneladas de purines al año, "residuos ricos en nitrógeno que son el principal problema que han tenido y tienen las explotaciones intensivas porcinas", ha advertido.



La macro explotación, además, generaría uno de los gases de efecto invernadero más potente, el metano: más de 320.000 kilos al año, además de la generación de malos olores que perjudicarían la calidad de vida de una gran comarca que vive, en buena parte, del turismo.

Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción de Guadalajara ha pedido a la Administración regional que impida la ejecución de este proyecto y que modifique la legislación actual para evitar que Castilla-La Mancha sufra los graves problemas que ya sufren las comarcas catalanas, aragonesas o murcianas por este tipo de explotaciones.

Igualmente, ha solicitado que "los ayuntamientos afectados y toda la población se oponga a este proyecto por los graves impactos ambientales y económicos que supondrían su puesta en marcha".